Pensiones no contributivas por discapacidad o invalidez en España

En España existen más de 4,3 millones de personas en situación de discapacidad, de las cuales la gran mayoría se encuentran en el grupo de edad a partir de los 45 años. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el grupo con más personas con discapacidad es el que está entre los 55 y los 64 años. Pero ¿cuántos de ellos pueden cobrar una prestación económica por su condición? A continuación explicamos los requisitos necesarios para solicitar esta pensión y a qué servicios se tiene derechos.

Qué son las pensiones no contributivas

Para poder entender cómo funcionan las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad, hay que empezar por el principio y saber distinguir entre las pensiones contributivas y las no contributivas. Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas destinadas a personas sin recursos suficientes para subsistir. En España existen dos tipos de pensiones no contributivas: las de invalidez o las de jubilación. 

Por su parte, las pensiones contributivas son aquellas que perciben los trabajadores por parte de la Seguridad Social y sustituyen a los salarios que recibían previamente a la jubilación, estas pensiones han sido financiadas gracias a los impuestos que han pagado las personas durante sus años de trabajo. 

Aunque ambos tipos de subsidios dependen del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las no contributivas están gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, también conocido como el Imserso.

Cuál es la cantidad a percibir con este subsidio

Al igual que las pensiones de jubilación, esta retribución también se ha aumentado en 2023. La cantidad que se cobra está entre los 1.969,14 euros anuales y los 6.784,54, repartido en 14 pagas (una por cada mes más dos extraordinarias). La cantidad mensual oscila entre los 121,15 euros al mes y los 484,61 euros.

Si la persona que solicita la pensión tiene un grado de discapacidad igual o superior al 75% y demuestra la necesidad de tener a una persona para que le ayude en su día a día a llevar a cabo las necesidades básicas, percibirá el máximo subsidio posible (los 484,16 euros mensuales) más un complemento del 50%. De esta forma pasaría a cobrar un total de 726,91 euros al mes, que en 14 pagas al año sería de 10.176,81 euros. 

En el caso de que en la familia haya otro miembro que esté recibiendo una pensión no contributiva, la cantidad percibida por persona disminuirá, resultado de la siguiente manera:

Requisitos para obtener la pensión no contributiva por invalidez

Los ciudadanos españoles o de otras nacionalidades con residencia legal en España que puedan optar a la pensión no contributiva de invalidez, deberán cumplir los siguientes requisitos específicos: 

• Tener dieciocho o más años y menos de sesenta y cinco
• Residir en España y haberlo hecho al menos durante cinco años, dos de ellos consecutivos o inmediatos a la fecha en la que se pide el subsidio
• Tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%

No tener ingresos suficientes 

Además de los requisitos anteriores, existen otras condiciones económicas que serán revisadas para poder obtener la pensión. La cifra de ingresos anuales máximos para poder cobrar el subsidio dependerá de si se convive con familiares o no. 

En el caso de no convivir con familiares, el requisito a cumplir es que la renta o ingresos anuales sea inferior a 6.784,54€. Si se convive con familiares, dependerá del número de convivientes:

• Convivencia con el cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado (abuelos, nietos, hermanos). A esta situación se llamará unidad económica de convivencia. Cuanto mayor sea el número de convivientes, la renta máxima para poder solicitar estas ayudas aumentará. 

• Cuando entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra alguno de sus padres o hijos. Al igual que ocurre en el caso anterior, cuanto más convivientes, la renta anual que se considera límite para pedir este subsidio, será mayor. 

Compatibilidad con la pensión no contributiva de jubilación

Como se explica al inicio, existe otro tipo de pensión no contributiva: la de jubilación. Este tipo de subsidio es la prestación que reciben las personas mayores de 65 años que están en situación de necesidad y no han cotizado lo suficiente como para recibir una pensión contributiva. Estas pensiones no se rigen por la cotización durante la vida laboral, sino que tiene en cuenta la situación económica y social de la persona que lo solicita. 

Los requisitos para pedir este subsidio son prácticamente iguales a los de la pensión no contributiva de invalidez: ser ciudadano español o residir legalmente en el país, no disponer de recursos económicos (renta anual inferior a 6.784,54€, al igual que las de discapacidad); y la principal diferencia: ser mayor de 65 años.

Teniendo en cuenta que la de invalidez se puede solicitar hasta los 65 años y la otra a partir de los 65, podemos deducir que la pensión no contributiva de invalidez es incompatible con la de jubilación*. Pero no es la única incompatible, existen otros tipos de ayudas y subsidios que no se pueden obtener si dispones ya de alguna de estas: 

• Pensiones Asistenciales (PAS)
• Subsidios de Garantía de Ingresos Mínimos
• Asignación Familiar por Hijo a Cargo con Discapacidad

*Hay que diferenciar también entre estos dos tipos de prestación no contributiva con la jubilación por invalidez. 

No obstante, las personas que ya estén recibiendo una PNC por invalidez y comiencen a trabajar podrán combinar el subsidio con los ingresos de la actividad laboral durante los primeros cuatros años, siempre y cuando la suma de ambos ingresos no supere los 11.992,43€ anuales. 

Las pensiones no contributivas por invalidez desempeñan un papel imprescindible en la protección de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. Estas prestaciones aseguran que todas esas personas que no han cotizado lo suficiente para una pensión contributiva puedan acceder a recursos básicos para sobrevivir. 

La existencia de las PNC por invalidez demuestra un compromiso de la sociedad española para proteger y asegurar el bienestar de todos los ciudadanos, especialmente aquellos que más lo necesitan. No obstante, es importante seguir trabajando en la mejora de los sistemas y servicios de protección social y en la inclusión de personas con discapacidad, fomentando su participación en la sociedad y garantizándoles derechos fundamentales como el trabajo.