El sistema de pensiones cuenta, en España, con tres pilares fundamentales. El primero de ellos es el de la Seguridad Social, a través del cual el Estado garantiza (como una de las prioridades dentro del Sistema del Bienestar) el acceso a una serie de prestaciones suficientes para aquellos trabajadores que cumplen, al menos, con los requisitos previstos para ello. Este primer pilar se financia a través de los ingresos de las personas que están trabajando y cotizando en la actualidad, bajo un modelo que se denomina de reparto y que tiene como características principales que es proporcional (a mayor cotización durante la vida laboral, lo más frecuente es que se reciba una pensión mayor) y contributivo (solo aquel que ha cotizado lo suficiente recibe una pensión contributiva).
Este primer pilar es clave para financiar las pensiones de jubilación de los trabajadores que entran en el retiro, así como otras contingencias tan importantes como la invalidez, la incapacidad temporal o el desempleo. Además de estas pensiones contributivas, la Seguridad Social también vela por la equidad social a través de las pensiones no contributivas, que tienen como misión principal cubrir las necesidades básicas de aquellas personas que no han podido cotizar a lo largo de su vida. Por ejemplo, hasta hace unas décadas, era relativamente frecuente que, en los matrimonios, solo trabajara uno de los miembros –habitualmente, el marido–, de manera que el otro cónyuge se dedicaba al cuidado de los hijos. El problema surgía cuando el primero fallecía y la familia se quedaba sin ingresos suficientes para sobrevivir.
De cara, sobre todo, a aliviar la carga económica de la Seguridad Social, existen otros dos pilares que ayudan a conformar el modelo de previsión social. Por un lado, está la previsión social empresarial, basada en un sistema de capitalización, que pretende generar un capital complementario a la pensión pública gracias a las contribuciones de las entidades en favor del empleado. Por el otro lado, el tercer pilar está fundamentado en el ahorro individual, que tiene sus máximos exponentes en los productos de ahorro y de inversión de cara a la jubilación, y entre los que destacan, por su volumen de patrimonio en España, los planes de pensiones. Al igual que en el caso del segundo pilar, se trata de un sistema de capitalización voluntaria que goza de una serie de ventajas fiscales que es importante conocer, como, por ejemplo, que las aportaciones realizadas son deducibles en el IRPF, hasta 2.000 € con un máximo del 30% de los rendimientos netos del trabajo o actividades económicas del contribuyente.
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La apuesta de la Administración por el segundo pilar
Los tres pilares están en el foco del debate desde hace años, debido a que los cambios demográficos que se están produciendo en el país (menor número de nacimientos, crecimiento imparable de la esperanza de vida, cada vez más personas optan a recibir la pensión de jubilación máxima) han puesto en serias dudas la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones tal cual se encuentra en la actualidad, al menos, si no se acometen reformas. De hecho, en España, la tasa de sustitución (es decir, la relación entre el último sueldo y la pensión de jubilación) es de las más altas del mundo.
Por ejemplo, el ahorro individual tiene un componente muy relacionado con la educación financiera de las personas y con su capacidad para establecer objetivos vitales a largo plazo, como puede ser obtener una rentabilidad y un patrimonio suficientes para evitar perder poder adquisitivo una vez se alcance la jubilación. A pesar de ello, desde 2021, la aportación máxima anual que se puede realizar en este tipo de productos en España asciende a 1500 euros, cuando, hasta esa fecha, se podía aportar un máximo de 1500 euros anuales a un plan de pensiones individual.
A cambio, desde el Gobierno se quiere potenciar el segundo pilar para situarlo en línea con otros países europeos en los que, por ejemplo, existen sistemas de autoafiliación de trabajadores. Su máximo exponente son los planes de previsión social empresarial (PPSE), que consisten en un contrato de seguro que activa la organización para sus trabajadores. Su premisa fundamental es que afecta a la totalidad de la plantilla, aunque las aportaciones pueden variar según la categoría laboral de cada individuo. La empresa, por su parte, no puede suprimir bajo ningún concepto el PPSE y recuperar el dinero, sino que solo está habilitada para cambiar de PPSE o de plan de pensiones de empleo. Además, la entidad se beneficia de bonificaciones fiscales que pueden resultarle útiles, por ejemplo, para fidelizar a sus profesionales. Por otra parte, si la relación entre compañía y trabajador finaliza antes de la jubilación, este último puede acceder al capital acumulado para contratar un producto de previsión similar.
| 2020 | 2021 | |
| Planes de pensiones individuales | 8.000 € hasta un máximo del 30% de los rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas | 2.000 € hasta un máximo del 30% de los rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas |
| Planes de pensiones de empleo | Límite conjunto con los planes de pensiones individuales | 10.000 € hasta un máximo del 30% de los rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas (se permite incrementar en 8.000 € el límite estándar con contribuciones empresariales) |
Mientras que para los planes de pensiones individuales se ha reducido la desgravación fiscal a 2.000 €, en los planes de empresa se ha permitido incrementar las aportaciones en 8.000 € (hasta un máximo de 10.000 €) mediante contribuciones empresariales. Además, está sobre la mesa impulsar para el futuro el modelo inglés, a través del cual todas las empresas están obligadas a ofrecer a sus empleados un plan de pensiones, siendo el trabajador inscrito de forma automática, lo que significa, en la práctica, que una parte de su salario va para la pensión privada. Solo es posible renunciar a ello si lo solicita de forma expresa, aunque, según datos del Ejecutivo del país británico, el 90% decide quedarse voluntariamente en el sistema.
Asimismo, el Ejecutivo presentó, en una disposición transitoria del borrador de Presupuestos Generales del Estado, la propuesta de creación de un fondo de pensiones público abierto, de gestión privada, con el objetivo de fomentar y facilitar el ahorro de autónomos y empleados de pymes, así como, también, de los empleadores del sector público.
A lo largo de 2021, el Gobierno ha afirmado que presentará un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo, en el que se atribuya a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción. Según se ha asegurado, podrán adscribirse a él los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones, al igual que los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto.
