Nueva York, 8 de marzo de 1857. Un grupo de obreras textiles sale a la calle para protestar por las míseras condiciones en las que trabajan. 118 años después la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas escoge el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer.
En el transcurso de ese tiempo hubo muchos acontecimientos relacionados con la reivindicación de los derechos de la mujer. Fueron unos años de turbulencias políticas y sociales que coincidieron con un crecimiento exponencial de la población y en los cuales se alcanzó en algunos países el sufragio femenino universal gracias a la lucha de muchas féminas por tener los mismos derechos que los hombres.
En España también se ha avanzado mucho en este último siglo, pero quedan todavía aristas por pulir. Solucionar la precariedad que sufre gran parte de la población femenina durante la jubilación es una de las asignaturas pendientes. Tal y como señala el estudio del IESE y VidaCaixa “Impacto de las pensiones en la mujer. Jubilación y calidad de vida”, las mujeres son especialmente vulnerables en la etapa de la jubilación, un periodo vital en el que se hacen más patentes las diferencias entre ambos sexos.
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Si nos fijamos en la etapa adulta, las diferencias en los salarios -el sueldo femenino supone, de media, un 77% del masculino- provocan desigualdades en las prestaciones de jubilación y aumentan el riesgo de pobreza en la población femenina durante esta etapa. Esta situación las hace más vulnerables y necesitadas de una mayor protección social y económica.
Además, las desigualdades entre sexos se acentúan si la manera de resolver los conflictos de conciliación entre trabajo y familia implica que la mujer renuncie temporalmente a un empleo remunerado o reduzca su jornada laboral. Según el estudio, los hombres trabajan una media de 43,4 años, mientras que ellas lo hacen -de forma remunerada- un promedio de 12,8 años, la cifra más baja de Europa.
Este dato afecta directamente a la contribución de la población femenina a su pensión pública: la retribución media de los hombres es de 1.067 euros, mientras que la de las mujeres es de 659 euros, un 38% inferior, con el consiguiente riesgo de pobreza.
Las diferencias se reflejan también en las aportaciones a los planes de pensiones privados: un hombre entre 50 y 65 años aporta un 21% más que una mujer.
“Al final la mujer es la que menos cobra porque ha estado fuera del mercado laboral o no ha entrado nunca debido a las bajas por maternidad o las excedencias. Estas decisiones son clave para sostener una sociedad pero tienen algunas consecuencias directas como puede ser la reducción de la aportación a la Seguridad Social. Además, como consecuencia, afectan directamente a la calidad de vida y a la feminización de la pobreza”, explica la profesora de IESE Nuria Chinchilla, autora del estudio.
En definitiva, aunque ya se han dado pasos gigantes para mejorar el día a día de las mujeres en nuestro país, es indispensable encontrar fórmulas que les permitan mantener su poder adquisitivo tras la vida laboral activa.
