La tasa de dependencia es un indicador que mide el número de personas inactivas en un país que tienen que ser soportadas económicamente por las personas activas. El volumen total de la dependencia en un territorio se calcula a través del cociente entre la población de 0 a 14 años, más los mayores de 65, y la relación entre las personas comprendidas entre 15 y 64 años. La cifra resultante se pasa a porcentaje para su concreción definitiva.
Cabe destacar que se trata de un resultado aproximativo, puesto que no todos aquellos que sean menores de 15 años y mayores de 65 están fuera del mercado laboral, ni tampoco son trabajadores activos todos aquellos que están comprendidos entre ambas edades, pero sirve para resumir de un modo aproximado la relación entre trabajo y población pasiva. Cuanto mayor es esta tasa, significa que las personas que tienen un empleo deben contribuir con mayor intensidad a mantener las condiciones de Estado del Bienestar de la sociedad en su conjunto. Esta tasa es muy importante para, posteriormente, poder formular políticas de empleo y de previsión social.
En Europa, existe cierto temor respecto a la evolución de esta tasa en los próximos años. Según Eurostat, la oficina estadística comunitaria, se prevé que, en 2100, esta tasa sea del 57 %, 25 puntos más de lo que marca en la actualidad. Esto quiere decir que habrá menos de dos personas en edad laboral por cada persona mayor de 65 años o menor de 15. Más preocupantes incluso son los augurios en relación a España, ya que se espera que, a finales de siglo, se convierta en el cuarto país con la tasa más alta de dependencia, con un 59,5 %, solo por detrás de Portugal e Italia. A cierre de 2019, España ocupaba el puesto 17 en el Viejo Continente, con un 31,4 %.
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Un dilema crónico
En la actualidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), existen en nuestro país unos 47,2 millones de habitantes, de los que el 19,4 % –alrededor de 9,2 millones– son mayores de 65 años. Además, ya hay más de un millón de personas que son dependientes, en torno a dos millones que tienen más de 80 años y alrededor de 20.000 que, incluso, han superado la barrera del siglo de edad. En paralelo, la esperanza de vida es de 83,6 años, con las mujeres superando ampliamente los 86. Según el propio INE, en 2068 habrá en España más de 14 millones de pensionistas, es decir, uno de cada tres habitantes.
La congestión en los servicios sociales en la actualidad es tal que, dentro de la propia Administración, se calcula que hacen falta 1.500 millones de euros para comenzar a reducir las listas de espera; y eso con carácter de urgencia, ya que, en apenas unos años, se espera que se produzca el mayor incremento de la historia de España en el número de jubilados, cuando se incorporen las personas de la generación del baby boom (los nacidos a comienzos de la década de los sesenta del siglo pasado).
Esta situación genera cada vez un mayor debate acerca de las implicaciones que habrá en el futuro en cuanto a la cuantía de las pensiones públicas, la atención sanitaria pública de calidad o el número de plazas hábiles en las residencias de mayores. En la actualidad, aproximadamente hay dos personas activas por cada dependiente en nuestro país, pero el progresivo envejecimiento de la población, la caída en la natalidad, el crecimiento del desempleo o, como se ha citado, el aumento de la esperanza de vida provocarán que, de acuerdo a las estimaciones del INE, a comienzos de 2050, la proporción sea de uno a uno, lo que siembra muchas dudas acerca de la sostenibilidad del sistema cuando, cada vez, existe un menor número de cotizantes.
Desde hace unos años, la Seguridad Social no deja de acumular déficits al cierre de cada ejercicio, lo que, con muchas probabilidades, obligará a los sucesivos Gobiernos a acometer nuevas reformas para garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones en unas condiciones demográficas y económicas que no invitan demasiado al optimismo.
En medio de esta situación, cada persona debe asumir el compromiso de que, muy posiblemente, si quiere gozar de una jubilación sin sobresaltos, lo más aconsejable es ahorrar con anterioridad e invertir en productos financieros, como los planes de pensiones, que podrá disfrutar en su plenitud una vez abandone la vida laboral. Para lograrlo, nada mejor que contar con asesoramiento profesional para realizar una planificación en base a los objetivos vitales, en donde las aportaciones periódicas serán claves para optar al interés compuesto y obtener la rentabilidad deseada.
